Inclusión socioeconómica y lucha contra la pobreza en el Perú, en la actualidad
La
pandemia del COVID 2019 ha puesto de manifiesto profundas desigualdades
sociales y deficiencias estructurales e institucionales que preexisten en el
Perú, aumentando las disparidades en distintos grupos sociales. Si bien el
gobierno de Martin Vizcarra implementó diversas medidas efectivas como bonos
para cubrir las necesidades básicas y cumplió con la llegada de las vacunas,
obteniendo resultados positivos, solo el 38% de sus promesas para enfrentar la
emergencia sanitaria se cumplieron de forma parcial. Además, el escándalo
“Vacunagate” que involucró al exmandatario Martin Vizcarra y otras autoridades,
como las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, siendo destituidas por
el congreso en noviembre de 2020 por supuesta "incapacidad moral” tuvo
consecuencias políticas significativas en el gobierno peruano. En tan solo 5
años, el Perú pasó por cinco presidentes y es que esta crisis política demostró
la inestabilidad gubernamental que enfrenta el país. Este contexto de
inestabilidad ha tenido un gran impacto en la población. En el 2023, Dina Boluarte se convirtió en la
primera presidenta en la historia de Perú, llegando al poder tras la
destitución de Pedro Castillo por un autogolpe fallido al que precedieron
acusaciones de rebelión, conspiración y corrupción. Sin embargo, su gobierno
demostró totalmente la incapacidad para gobernar a un país, la lista de
promesas incumplidas, retrocesos, organizaciones criminales y los escándalos de
corrupción han obstaculizado el desarrollo social y económico de la nación, a
consecuencia de esto, se reflejó el incremento de la pobreza, alrededor de 3
millones 290 mil personas cayeron en situación de pobreza, elevando el
porcentaje de 27.5% a 29.0% en el 2023, según INEI (2024).
La
pandemia ha evidenciado la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del
Estado para responder de manera efectiva en momentos críticos, por ello, la
importancia de persuadir a los gobernantes para que reduzcan la pobreza radica
en el respeto hacia el país y en el enfoque a las políticas públicas que
promuevan una vida digna y un desarrollo humano integral sin limitaciones. Al
respecto, Rodríguez (2023) afirma que la implementación de programas de
inclusión económica ayudará a mejorar el desarrollo del país, si se invierte en
programas que buscan reducir la desigualdad, donde se brinden las herramientas
y oportunidades económicas, esto no solo mejorará las condiciones de vida a
algunos, sino que también a aquellos que
tradicionalmente han sido desvalorados. En este contexto, nuestra postura es en
contra del papel ineficiente del Estado, la falta de eficacia y sus malas
acciones de imponer obstáculos a la población han contribuido a la alta
informalidad laboral, la desaceleración económica, la movilidad social y la
provisión de servicios básicos como la educación y salud. Frente a esto,
argumentamos que no habrá un modelo de desarrollo posible que funcione sin un
estado que actúe de acuerdo con las necesidades del país. Por ello, el
propósito de este ensayo es argumentar en contra del actuar del Estado con el
fin de persuadir a los líderes políticos y empresariales sobre la necesidad
urgente de invertir en programas de reducción y desarrollo económico centrado
en la equidad y la oportunidad, los cuales son factores fundamentales que
pueden ayudar a disminuir la pobreza en el país y las desigualdades sociales. A
continuación, presentaré los argumentos que avalan nuestra postura.
Para
empezar, Correa (2021) afirma que la pandemia del COVID 2019 ha puesto de
manifiesto las desigualdades sociales y las deficiencias estructurales e
institucionales que preexisten en el país, subrayando la urgencia de fortalecer
la política social. Esto quiere decir que, la respuesta del Estado ante la
crisis sanitaria en el país reflejó las deficiencias de las instituciones y su
incapacidad de plantear soluciones efectivas ante una problemática, generando
así profundas desigualdades incluso en el acceso a recursos básicos. Esto nos
lleva a decir que, el Perú se encuentra en una encrucijada histórica, el
impacto que generó la pandemia aumentó los niveles de pobreza, dejando a la
vista una de las tantas problemáticas que sufre un país considerado como rico,
pero donde las estadísticas de pobreza se disparan a lo largo de los años. Al
respecto, valoramos la visión crítica que muestra la autora, donde expone la
necesidad de fortalecer el modelo de desarrollo peruano, priorizando las
políticas públicas y lo sociocultural, con el fin de promover la reducción
efectiva de la pobreza en el país. No obstante, reconocemos las dificultades y
los desafíos que implica replantear un modelo de desarrollo, pero también es de
reconocer las consecuencias que generó la pandemia del COVID 19. Frente a esto,
nos preguntamos lo siguiente: ¿El Estado peruano está capacitado para asegurar
una vida digna a sus ciudadanos? ¿Es justo que, un país tan rico en recursos
naturales tenga a políticos incapaces de ofrecer soluciones efectivas? Si bien
es cierto que el Estado Peruano implementó diversas medidas para enfrentar la
pandemia 19, demostró no estar completamente capacitado, sus soluciones no
siempre fueron suficientes ni mucho menos equitativas.
Por
este motivo, consideramos que los gobernantes deben de tener la capacidad de
ofrecer a la población las alternativas para asegurarles un desarrollo humano
integral. Al respecto, Rodríguez (2023) manifiesta la necesidad de implementar
programas de inclusión económica para mejorar el desarrollo del país. En el
Perú al no haber empleos accesibles, se genera el incremento de trabajos
informales, gracias a la mala inversión y a las muchas trabas que el propio estado
genera. Por tal motivo, el autor hace énfasis en la importancia de las
políticas activas de empleo como un pilar fundamental para esta problemática.
Esto quiere decir que, el Estado debe desempeñar un mejor papel, invirtiendo en
programas que buscan reducir la desigualdad, brindando las herramientas y
oportunidades económicas para mejorar sus condiciones de vida a aquellos que
tradicionalmente han sido desvalorados. Al respecto, una población con mayor
capacidad adquisitiva y acceso a servicios financieros es más resiliente ante
una crisis, por lo que consideramos que la postura de Rodríguez es acertada, al
considerar que el desarrollo económico centrado en la equidad y la oportunidad
son factores que pueden ayudar a disminuir la pobreza. Frente a esto, nos
preguntamos: ¿Cómo puede el Estado ofrecer estos programas de inclusión
económica a la población? ¿Qué debe de tenerse en cuenta para lograr el éxito
de estos programas? Actualmente, el Perú cuenta con una gran población en
situación de pobreza, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas, esto
implica la necesidad de incluir programas a gran escala, pero también de una
focalización precisa para llegar a quienes más lo necesitan, por lo que el
Estado puede ofrecer los programas de inclusión económica a través de una
combinación de políticas públicas que fomenten el empleo, programas de
capacitación, alianzas con empresas para crear empleos y mecanismos para
evaluar el impacto de estas acciones. Estas medidas contribuirían a fortalecer
la resiliencia del país y a reducir las desigualdades sociales, sin embargo, es
importante destacar que el éxito de estos programas depende de una visión a
largo plazo, de una adecuada coordinación entre los diferentes actores y de una
adaptación continua a las necesidades cambiantes de la población.
Por
otro lado, según el INEI (2016) la pobreza también se ve afectada en el nivel
educativo de la población, mientras que más de un tercio de los jóvenes no
pobres lograron un nivel superior, el 6,4% de jóvenes pobres solamente lograron
estudiar educación primaria o no asistieron. Esto quiere decir que, la
educación sigue siendo un privilegio al que no todos tienen acceso, las
personas que viven en condiciones de pobreza tienen un nivel educativo menor en
comparación con aquellos que si tienen la posibilidad. Al respecto, valoramos
los datos del INEI y reconocemos que la falta de acceso a recursos de calidad y
oportunidades educativas no solo limita el potencial de desarrollo personal y
profesional de estas personas, sino que también los perpetúa a la pobreza de
por vida. Si bien el artículo 3 de la Ley General de Educación establece el
derecho a una educación integral y de calidad para todos, la realidad lo
contradice, los jóvenes de familias con mayores recursos suelen acceder a
instituciones educativas privadas, donde reciben una educación superior más
personalizada y con acceso a mejores recursos tecnológicos. Por el contrario,
aquellos de contextos más vulnerables a menudo enfrentan aulas abarrotadas,
falta de docentes calificados o incluso ven interrumpida su trayectoria
educativa. Esta situación evidencia la necesidad urgente de garantizar que
todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan
acceso a una educación de calidad, gratuita y equitativa. Frente a esto, nos
preguntamos lo siguiente: ¿Cuál sería el impacto en los estudiantes si es que
los gobiernos a través de sus ministerios construyeran más escuelas en los
lugares alejados? ¿Qué políticas públicas son necesarias para garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad? ¿Qué papel juega el Estado y como
puede garantizar una educación superior a los jóvenes?
Por
este motivo, consideramos que el Estado debe de comprometerse a garantizar
estrategias de educación que promuevan la formación de jóvenes líderes capaces
de involucrarse en el desarrollo del país. Al respecto, Benancio (2024) hace un
llamado a la acción y plantea la necesidad de una reforma profunda en el
sistema educativo peruano, con el objetivo de garantizar una educación de
calidad para los estudiantes, sin importar su origen social o geográfico. Esto
quiere decir que, para obtener mejoras en la educación se necesita de cambios
radicales y significativos en todo el sistema educativo, la implementación de
estas medidas da un paso significativo hacia la construcción de un país más
justo y equitativo. Al respecto, el Estado debe garantizar una educación de
calidad para todos, sin politizar, si se implementa la construcción de más
escuelas en zonas alejadas tendría un impacto positivo en los estudiantes de
estas áreas, la implementación de sistemas y programas permitirá expandir la
cobertura educacional en áreas rurales y disminuir las tasas de repetición, así
como aumentar el nivel de logro de los estudiantes, su creatividad, su
autoestima y su comportamiento. Por ello, para cambiar esta situación es
necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, el gobierno,
la sociedad civil, el sector privado y las familias. Se debe de trabajar de
manera coordinada con un enfoque integral, de esa manera podremos tener
respuestas positivas en la educación de los estudiantes, incluso de los lugares
más alejados. Frente a esto, nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo el Estado
puede garantizar la efectividad de estos programas? ¿Cómo debe de ser el
sistema educativo para lograr un impacto positivo? Sabemos que, mientras el
Estado no accione eficazmente, no seremos un país competitivo, ni reconocido.
Por ello, nuestro sistema educativo debe de ser integrador y eficaz, si el Estado
pusiera a la educación como uno de los factores principales para salir de la
pobreza, se invertiría en más becas educativas o se brindarían a quienes
realmente lo necesitan, talleres de formación para docentes, construcción de
escuelas y mejores estrategias para obtener estudiantes capacitados para el
futuro. Un sistema educativo así, permitiría reducir las desigualdades y
contribuir a la construcción de un país más desarrollado y equitativo.
Finalmente,
Miranda (2016) establece una postura crítica y afirma que factores como la
etnia y el género limitan las oportunidades de las personas. Asimismo, hace una
relación directa entre la desigualdad, la pobreza y la movilidad social. Esto
quiere decir que, la pobreza no solo se mide por la cantidad de dinero que una
persona tiene, sino que también por factores sociales y culturales. Las
personas, al percibir limitadas oportunidades para mejorar su situación
económica y social, optan por migrar en busca de mejores condiciones de vida.
Al respecto, estamos de acuerdo con esta afirmación, la falta de oportunidades
y las barreras estructurales presentes en las comunidades más pobres limitan
significativamente su movilidad social y eso se ha visto a lo largo de los años
en ciertos grupos de la población, como los indígenas y los afrodescendientes,
que históricamente siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a
oportunidades y salir de la pobreza. Por lo tanto, para abordar esta
problemática, es fundamental entender su contexto histórico y las interrelaciones
entre diferentes formas de discriminación. Si bien decimos que la participación
comunitaria es un punto de partida para abordar las causas estructurales de la
pobreza, hoy en día mientras el Estado llena sus bolsillos de millones, los
pueblos tanto indígenas como étnicos son abandonados y discriminados por su
propio país. Frente a esto nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo pueden las
políticas públicas en Perú ser reformuladas o ampliadas para abordar de manera
más efectiva las desigualdades estructurales e históricas? ¿Qué estrategias
innovadoras se deben de implementar para aumentar la movilidad social y reducir
la pobreza en las comunidades más vulnerables?
Por
este motivo, consideramos que las políticas públicas deben reformularse para
enfrentar las desigualdades que atraviesa el Perú. Al respecto, Hernandez
(2023) presenta estudios y propuestas de organismos internacionales y
académicos que sugieren medidas como impuestos al patrimonio y una educación
inclusiva para reducir la desigualdad, señalando que estas divisiones limitan
el desarrollo democrático y la movilidad social en el país. Esto quiere decir
que, se debe de implementar medidas como impuestos sobre el patrimonio y
promover una educación inclusiva para facilitar la capacidad de las personas,
es decir, permitir su capacidad para mejorar su situación económica y
social. A partir de esto, estamos de
acuerdo con la postura de la autora, a través de sus investigaciones, ha
evidenciado la profunda desigualdad que persiste en el Perú, producto del
centralismo limeño y la histórica falta de políticas redistributivas. Al
proponer medidas como impuestos al patrimonio y una educación inclusiva, se
ofrece no solo una solución técnica, sino que también invita a la sociedad
civil a participar activamente en la construcción de un mejor país. Estos
cambios estructurales son urgentes, pues las desigualdades actuales limitan
severamente el desarrollo democrático y la movilidad social, perjudicando
especialmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Frente a esto,
nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué medidas concretas se están implementando
actualmente en el Perú para reducir la desigualdad, y son estas efectivas?
¿Cómo podría el país descentralizar mejor su estructura económica y política
para fomentar un desarrollo más equitativo en las regiones fuera de Lima? ¿Qué
impacto tendría la implementación de impuestos al patrimonio y una educación
inclusiva en la reducción de las desigualdades existentes? Actualmente, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se implementó para la
reducción de la pobreza y la desigualdad, a través de programas de apoyo
dirigidos a la población vulnerable. Sin embargo, la efectividad de estas
medidas aún requiere de una evaluación más profunda y a largo plazo. Para
lograr una mayor descentralización, se propone delegar competencias y recursos
a los gobiernos regionales y locales, establecer mecanismos de coordinación y
cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, y fomentar la autonomía
regional. La implementación de impuestos al patrimonio podría generar ingresos
adicionales para financiar programas sociales y de desarrollo, contribuyendo
así a reducir las desigualdades. Por otro lado, una educación inclusiva
permitirá que todos los estudiantes, independientemente de su origen
socioeconómico, tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de
calidad. Esto contribuiría a cerrar la brecha educativa entre las regiones y a
mejorar las perspectivas de movilidad social para los grupos más desfavorecidos.
En conclusión, la inestabilidad política que vive actualmente el país se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo humano. El Estado no solo ha fracasado en garantizar los derechos fundamentales, sino que también ha sido partícipe de propuestas incumplidas y de rechazos hacia la sociedad. Hoy en día, el Perú es controlado por un gobierno que actúa por intereses particulares, minimizando los problemas más importantes que afronta el país. La falta de instituciones sólidas y los cambios constantes de gobernantes impactaron significativamente en los diferentes grupos sociales, las personas que viven en pobreza se ven enfrentadas a diario a limitaciones económicas, a la marginación y a la exclusión social. Las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen menos posibilidad de ser escuchados por ser sinónimo de ignorancia y ser estigmatizados como menos capaces o merecedores, asimismo, una persona que no recibe una educación de calidad no puede tener las mismas oportunidades, ni puede exigir sus derechos, perpetuándose a la pobreza incluso de por vida. Frente a esto, la pobreza es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Perú. Sin embargo, las acciones del Estado son insuficientes o están llenos de corrupción. Al respecto, Hernández (2023) plantea que la implementación de medidas como los impuestos al patrimonio y la educación inclusiva, impulsaría el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y fomentaría un desarrollo sostenible y equitativo, tal como lo sugieren las propuestas de organismos internacionales. Por esta razón, hacemos un llamado a la acción y persuadimos al Estado de actuar eficazmente con propuestas que muestren transparencia y políticas públicas que busquen respetar, proteger y hacer efectivos por igual los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza. El Estado debe de garantizar el acceso universal a servicios básicos de calidad, promover la educación inclusiva y combatir la discriminación en todas sus formas. Asimismo, es fundamental que la sociedad exija y participe en la toma de decisiones, esta problemática no solo afecta a algunos, afecta a diferentes grupos sociales de manera distinta. Por ello, si queremos un cambio en el país, debemos de involucrarnos y tomar mejores decisiones ante los asuntos públicos.
Autores:
ANDREA CRISTINA SARAVIA QUIROZ
JIMENA TAMARA PURIZACA ORMEÑO
LUCIANO STEFFANO VASQUEZ TORREALVA
Referencias
Benancio, G. (2024).
La desigualdad educativa en las zonas rurales del Perú. Revista arbitrada de educación contemporánea, Vol. 1 (núm. 1), pp.
42 –50 https://revistas.peruvianscience.org/index.php/raec/article/view/98
Correa, N. (2021).
Protección Social y lucha contra la pobreza. Ed. Ráez, L. Proyecto Perú
Debate
2021: propuestas hacia un mejor gobierno, (5-28). PUCP.
https://cies.org.pe/wpcontent/uploads/2021/05/8._dp_proteccion_social_pobreza.pdf
Hernandez, L. (2023). Igualdad de oportunidades en la justicia
social de Nancy Fraser. [Tesis de bachiller inédita]. UNMSM.
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/e7794819-011f-4ac2-a34effef610bd0e8/content
Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). (2016). Perfil
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https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap04.pdf
Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). (2024). Pobreza
Monetaria afectó al 29,0% de la población el año 2023. Gob.pe. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/951234-pobreza-monetaria-afecto-al-29-0de-la-poblacion-el-ano-2023
Miranda Valdivia, F.
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https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/13432/1205
Rodríguez. C, (2023). Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad en el Perú. Oficina de Lima, Perú: Grupo Banco Mundial. 76(83).
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099042523145515085/pdf/P176738041a16
e0100a70e0c7343035f58e.pdf?_gl=1*1503b47* _gcl au*MTgxNTUxNjM5MC4xNzI1O
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