Criminalidad y corrupción en el distrito del Callao: Un análisis de creciente vínculo
Por: Aleshka Isabel Florian Cabrera
https://orcid.org/0009-0008-6730-8524
El Callao, una región estratégica para el Perú por su papel como principal puerto y su
cercanía a Lima, enfrenta un grave problema de criminalidad que se ha visto
impulsado por la corrupción en sus instituciones. Este fenómeno se ha convertido en
un tema controvertido, donde algunos argumentan que la impunidad y la falta de
transparencia permiten el crecimiento de redes de crimen organizado, mientras que
otros apuntan a la baja confianza en la policía y en el sistema judicial como factores
que fomentan la inseguridad. La corrupción genera un incremento de la
criminalidad en el distrito del Callao. A lo largo de este análisis, se explorarán cómo
la debilidad institucional y las condiciones socioeconómicas desfavorables
contribuyen a este problema, y se subrayará la urgente necesidad de políticas de
seguridad pública más efectivas y confiables para su población.
Martínez (2023) indicó que, en el contexto de la corrupción, resulta pertinente
establecer una definición clara por ello lo define la corrupción como "el abuso del poder
para un beneficio propio". Asimismo, Sabán (1991) comprende por corrupción
aquellos actos en los que se emplea el poder otorgado para un interés privado, que
no corresponde con el propósito del titular que lo otorgó.
En relación con la corrupción en el Callao, Jaramillo (2019) destaca que el
Procurador del Callao, Engie Herrera, señaló que la permanencia de la impunidad se
debe, en gran medida, a la presencia de fiscales provisionales. Según Herrera, estos
funcionarios no cuentan con la capacidad adecuada para llevar a cabo investigaciones
de delitos relacionados con la corrupción. En el contexto del Callao, las denuncias
apuntan a la existencia de una red organizada que aprovecha las fallas institucionales
y la falta de respaldo del Estado para seguir operando sin ser detectada.
Respecto al aumento de los niveles de denunciabilidad, Martínez (2023) menciona
que a nivel policial también se aprecia el aumento en las denuncias policiales sobre
delitos vinculados a la corrupción; el nivel de denuncias en el 2018 fue de 2324, para
el 2019 era de 2800. Pero ya en el 2021, el nivel de denuncias alcanzó 3788 casos,
con ello se aprecia un aumento en solo estos tres años de 63 % de casos. Esto
conlleva a establecer que la percepción de la ciudadanía sobre el aumento de la
corrupción se corresponde con el crecimiento de las cifras de delitos de corrupción.
En cuanto a la confianza en las instituciones, Hernández, Cozzubo, y Román
(2024) sostuvieron que, según la evaluación de impacto, la confianza en la Policía y
las Fuerzas Armadas no mostró cambios significativos. No obstante, las entrevistas
matizan estos resultados. La Policía fue la institución más criticada tanto por los
dirigentes vecinales como por los actores criminales. Los testimonios revelan una
serie de problemas que contribuyen a esta percepción negativa, incluyendo corrupción
e involucramiento en actividades delictivas. La mayoría de criminales relatan sus
experiencias en las que han sido detenidos con o sin evidencia por agentes policiales,
y luego extorsionados para obtener su libertad.
Asimismo, en el contexto de la preferencia en las autoridades, los mencionados
autores señalaron que esta observación sugiere una preferencia por la presencia
militar debido a su reputación de seriedad y cumplimiento de deber, en contraste con
la percepción de corrupción atribuida a la institución policial. En contextos de alta
criminalidad, percepción de inseguridad y baja confianza en la Policía, la población
puede favorecer la intervención militar en la seguridad interna bajo la premisa de que
una institución más disciplinada e íntegra debería ser más efectiva a la hora del
combate contra el crimen.
En relación con la criminalidad en el Callao, Vizcarra, S., Bonilla, D., y Prado, B.
(2020) indicaron que la provincia constitucional del Callao, con aproximadamente un
millón de habitantes, es una región crucial para el Perú debido a su conexión directa
con Lima y su papel como principal puerto del país desde la época colonial. En la
actualidad, el puerto del Callao maneja el 80% de las exportaciones e importaciones
nacionales, lo que lo convierte en un centro de intensa actividad económica. Sin
embargo, este dinamismo económico contrasta con los altos índices de pobreza
monetaria en la región, la cual aumentó de un 13% en 2019 a 30% en 2021 debido a
la pandemia de COVID-19. El Callao incluye cinco distritos con diferentes niveles de
población (de tres mil a 451 mil) y estatus socioeconómico (de bajo a medio). Esta
disparidad económica y social crea un entorno propicio para el desarrollo de
actividades ilícitas. El Callao no solo destaca por su importancia económica, sino
también por su legado de crimen organizado y no organizado, agravado por la
corrupción y el tráfico internacional de drogas.
En el ámbito de los tipos de crimen organizado, Acuña, E. (2021) menciona que
Gonzales (2015) afirma que este fenómeno abarca diversas actividades, todas ellas
caracterizadas por un alto grado de especialización. La Revista Concepto (2022) se
identifican diferentes tipos de crimen, entre ellos el asalto, que implica agredir a una
persona físicamente o amenazarla con causar daño o muerte para forzarla a actuar
de cierta manera. Este delito puede clasificarse como asalto simple o asalto con
lesiones, siendo este último aquel que causa a la víctima daños permanentes o
significativos, como cortes de arma blanca, golpizas o disparos. Por otro lado, el
fraude implica engañar, manipular o asesorar a otros de forma deshonesta para
obtener dinero o persuadirlos a realizar acciones que perjudican sus intereses. Los
fraudes son frecuentes en situaciones donde se solicita dinero para organizaciones o
inversiones que en realidad son ficticias, presentándose como ayuda a personas
necesitadas o prometiendo rendimientos altos y rápidos. También pueden ocurrir
ventas fraudulentas, donde el comprador recibe un producto diferente o de menor
calidad al que se le había prometido.
Asimismo, el mencionado autor indica que la explotación de la condición humana
se da cuando existe el aprovechamiento de las personas como simples agentes
generadores de recursos económicos para obtener un lucro indebido.
También el autor menciona que la venta de productos ilícitos, el crimen
organizado se relaciona con el tráfico de bienes lícitos como las drogas, alcohol y
hasta joyas para así evitar el pago de los impuestos que se determina en cada país.
En cuanto a los desafíos para controlar el crimen, Vizcarra, S., Bonilla, D., y
Prado, B. (2020) indican que, como se ha descrito en los apartados anteriores, el
Estado peruano ha recurrido a diferentes estrategias orientadas a controlar y reducir
el crimen organizado. A pesar de los avances en la materia, tanto a nivel normativo
como de políticas públicas, la puesta en marcha de algunas de esas medidas ha
evidenciado que aún persisten desafíos para la consolidación de una política
comprensiva de combate al crimen organizado en el Perú. Ahora, reseñaremos tres
principales desafíos para esta consolidación: La regulación de medidas eficaces
contra el crimen organizado, en segundo tenemos el déficit de capacidades y los
problemas para la comprensión de un fenómeno complejo, y por último la importancia
de la confianza y la cohesión social en territorios donde se implementan medidas
contra el crimen organizado.
Además, en relación con la medida eficaz, los autores mencionados afirman que
la persecución, investigación, procesamiento y sanción de casos de crimen
organizado tienen un nivel de complejidad mayor que los casos de delitos comunes.
Por ello, en la Ley 30 077 que es la Ley contra el Crimen Organizado, autorizo el uso
de las siguientes técnicas especiales de investigación: interceptación postal, acciones
de seguimiento y vigilancia, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos,
intervención de las comunicaciones, agente encubierto. Las aplicaciones de dichas
técnicas cumplen con los requisitos de idoneidad, necesidad y resultar indispensable
para llevar a cabo con éxito la investigación como en los casos de criminalidad
organizada, además de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
función al caso concreto en el que se aplica. Simultáneamente a la regulación de las
técnicas mencionadas, el Estado peruano ha implementado diversas normativas para
mejorar la eficacia en la investigación y procesamiento de delitos de criminalidad
organizada. Entre ellas, el Decreto Legislativo 13075 estableció, entre otras
disposiciones, la extensión de la prisión preventiva a 18 meses, con posibilidad de
prórroga por 12 meses adicionales para aquellos que son investigados por generar
crimen organizado. Esta disposición significa que una persona acusada bajo la Ley 30
077 puede permanecer en prisión preventiva hasta cuatro años sin tener una
sentencia definitiva que confirme su culpabilidad en el delito investigado.
Por otro lado, en políticas de eficaces, el autor manifestó que las políticas públicas
son procedimientos planificados que, mediante la toma de decisiones de los actores
involucrados, deben permitir la ejecución de los procedimientos para obtener
resultados para cambiar la realidad que son contrarias al bienestar social. En la
provincia constitucional del Callao, ya que la seguridad ciudadana es un problema
latente, el gobierno local ha propuesto generar políticas eficaces que estén orientadas
en dos ámbitos. El primero se relaciona con la prevención, el control y la sanción de
las actividades delictivas, a fin de disminuir la tasa de delitos, es decir, para un objetivo
que es en la seguridad ciudadana del entorno; y, por otro lado, aplacar la sensación
de temor a ser víctima de cualquier acto delictivo en agravio de la ciudadanía.
Finalmente, para políticas públicas de seguridad el autor añadió que cabe
mencionar que existe la urgente necesidad de implementar políticas públicas de
seguridad ante el crimen organizado en el Distrito del Callao, para lograr dar
respuestas a las situaciones que afectan de modo negativo a la ciudadanía, donde se
debe atacar con prioridad y con más ímpetu por parte de los actores involucrados,
tanto autoridades como ciudadanía, puesto que es responsabilidad y tarea de todos
mantener el orden y sobre todo la paz social. Lo que se centran en la prevención y
control del crimen mediante son las políticas publicas de seguridad en el Perú, por lo
que, la coordinación entre el gobierno, la policía y la comunidad. Entre las estrategias
clave están el fortalecimiento de la Policía Nacional, el uso de tecnología para la
vigilancia (como cámaras de seguridad), la promoción de programas de reinserción
social para exdelincuentes y el aumento de la cooperación con el sector judicial.
También se priorizan iniciativas para reducir el crimen organizado, como el
narcotráfico y la corrupción, que son problemas persistentes en regiones como Callao
y otras zonas del país.
En conclusión, la corrupción genera el incremento de la criminalidad en el Callao,
por lo que, a lo largo del análisis, se ha demostrado cómo la falta de transparencia, la
escasa confianza en la policía y la desigualdad socioeconómica contribuyen a que el
crimen prospere en esta región estratégica. Es fundamental reconocer que, sin
medidas contundentes para fortalecer la transparencia y la seguridad pública, el
Callao continuará siendo un terreno fértil para la delincuencia, lo que afecta
profundamente la vida de sus ciudadanos. Por ello, es necesario que las autoridades
y la sociedad civil trabajen conjuntamente en reformas estructurales que puedan
romper este ciclo y devolver la confianza en las instituciones, promoviendo así una
sociedad más segura y justa.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Acuña E. (2021). Políticas públicas de seguridad ante el crimen organizado en el
distrito del Callao [Tesis de maestría, Universidad Nacional Federico
Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV.
https://hdl.handle.net/20.500.13084/5242
Hernández, W., Cozzubo, A., & Román, A. (2024). ¿A costa de qué?: Impacto de
corto y mediano plazo de los Estados de Emergencia en el Callao sobre la
seguridad ciudadana, violencia de pareja y el bienestar social. Consorcio de
Investigación Económica y Social. https://cies.org.pe/investigacion/a-costade-que-el-estado-de-emergencia
Martínez Huamán, R. E. (2023). La corrupción en el Perú: situación, respuestas y
resultados. Revista Oficial del Poder Judicial, 15(19), 163-183.
https://doi.org/10.35292/ropj.v15i19.719
Vizcarra, S., Bonilla, D., & Prado, B. (2020). Respuestas del Estado peruano frente
al crimen organizado en el siglo XXI. Revista CS, 31, 109-138.
https://doi.org/10.18046/recs.i31.3710