En defensa del aborto terapéutico
Camila es una niña de 13 años víctima de la indiferencia del Estado y de los médicos que la atendieron ya que sufrió violencia sexual por parte de su padre, y los médicos le negaron el acceso a la ley del aborto terapéutico, poniendo en riesgo la vida y salud de la niña. Este caso de violación se agravó cuando la pequeña Camila tuvo un aborto espontaneo y el Estado por medio de Ministerio Público y Poder Judicial quisieron incriminar a Camila por homicidio, el caso fue tan sonado a nivel internacional que tuvo que intervenir la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como también la ONU, que le exigió al Gobierno peruano cumpla con los acuerdos y aplique sus leyes vigentes. Así pudo ser liberada y puesta a buen recaudo. Desde la aprobación de la ley se negaba a la mujer embarazada el derecho a la aplicación del aborto terapéutico a falta de la norma técnica que estandaricen los procesos en los establecimientos médicos. El Perú tiene una de las más altas tasas de muerte materna en América Latina, y aproximadamente un 15% de éstas se debe a la falta de criterio de los médicos, factores que pudieron ser evitados si las mujeres hubieran tenido la libertad de elegir y si hubieran tenido el respaldo del Estado. No brindarles la información, y con ello negarles la atención, constituye a una grave vulneración a sus Derechos Humanos. ¿Acaso se tiene que incrementar el porcentaje de muertes maternas en el país para que el Estado tome cartas en el asunto y refuerce la legalidad del aborto terapéutico? Frente al aborto terapéutico legal en el Perú el Estado debe crear un protocolo que oriente a los funcionarios público, así como a la sociedad civil para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. A continuación, en los siguientes párrafos desarrollaremos los Derechos a la Vida y Libertad frente aborto terapéutico.
La Constitución vigente (1993) no se refiere expresamente al aborto sino que se circunscribe a reconocer el derecho fundamental a la vida, tal como lo señala el artículo 2 inciso 1) al disponer que: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, (…). El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.” De esta manera, la Constitución reconoce como sujetos del derecho a la vida no sólo a la persona sino también al concebido. En primer lugar, el Estado peruano no respeta a cabalidad sus compromisos internacionales, específicamente, los contemplados en las Convenciones sobre los embarazos en caso de violación sexual. De acuerdo con Samuel Abad (2008) “El Estado en parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. Para ello, resulta conveniente que existan criterios uniformes por parte de los médicos de los hospitales públicos. Ello se lograría estableciendo un Protocolo para estandarizar los procedimientos de atención de los casos de interrupción del embarazo por razones terapéuticas”. El Estado peruano a lo largo de estos años viene evadiendo sus obligaciones de proteger la salud integral de la mujer, para la cual debe adoptar medidas y garantizar el libre acceso al aborto terapéutico. En segundo lugar, los derechos de las mujeres peruanas que llevan un embarazo originado por una violación sexual se encuentran vulnerados, pues la regulación vigente no les permite acceder a este servicio médico. Según Fiorella Gaspar (2022) “Seguir con un embarazo producto de una violación sexual vulnera diversos derechos, principalmente, el derecho a la salud, desarrollo libre de la personalidad de la mujer y la prohibición de sometimiento a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La problemática descrita es un tema importante en nuestra sociedad y requiere medidas efectivas por parte del Estado. Según la investigación los derechos de las mujeres que sufren un embarazo a causa de una violación sexual, se ven vulnerados debido a la falta de criterios para aplicar el aborto terapéutico. Ante todo, lo anterior, el aborto terapéutico es una vía crucis para las mujeres que sufren una violación sexual al no poder acceder fácilmente a la operación, a pesar de tener una normativa vigente.
La identificación de un vacío en la política pública, con consecuencias graves para salud y la vida de las mujeres. Una experta en el tema es la Dra. Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien afirma que el acceso al aborto terapéutico no se cumple con el protocolo establecido. Ella logro identificar un déficit en la política pública con consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres, la guía nacional es un problema más en vez de una solución. Acceder al aborto terapéutico debe ser una cuestión de salud pública y derechos humanos. Además, en la actualidad sigue siendo un problema que hasta el momento no se ha realizado ninguna mejora en ley para darle una solución. Otro importante aporte de la Dra. Susana Chávez, magister en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien manifiesta su preocupación por el incumplimiento de los protocolos del aborto terapéutico. En el Perú por razones de salud, el aborto no es considerado un delito por la negación constante del Estado para incluir una ley que no vulnere los derechos de las mujeres a elegir libremente la interrupción de su embarazo cuando su salud es afectada. Asimismo, es importante que el Estado y las organizaciones trabajen juntos para garantizar que se respeten los Derechos Humanos de las mujeres y se les brinde la protección necesaria para así evitar casos de muertes y negligencias médicas. Por lo expuesto, los expertos brindan su preocupación ante el incumplimiento del protocolo establecido para el aborto terapéutico y la falta de acción del Estado para evitar la vulneración de los derechos de las mujeres.
Para concluir, el Estado sigue dejando sin importancia la modificación de la ley del aborto terapéutico, incumpliendo con sus obligaciones escritas en los convenios internacionales siendo la máxima entidad, evidenciando su discriminación y falta de interés para dar cabida al cumplimiento explícito de los derechos nacionales e internacionales de las mujeres víctimas de violencia sexual. Dada esta realidad en el Perú, se espera que la sociedad busque estar informada y exija al Estado e Instituciones competentes que informen sobre los temas relacionados al aborto para evitar que se siga cometiendo injusticias.